Artículo de opinión de Nicolás Núñez de la Torre (funcionario y militante del PSOE de Sevilla) publicado en El País el 15/12/2010.
Es verdad, como dice Román Orozco en EL PAÍS (Funcionarios: La gran mentira, publicado el 2 de diciembre) que la consejera Aguayo presentó el decreto de reforma del sector público al Parlamento el 22 de junio. El objetivo: eliminar 111 de los 254 entes, suprimir 184 directivos y ahorrar 115 millones. Bien hecho. ¿Saben qué dijo del empleo la consejera? "Este decreto no afectará al empleo". Nada más, y nada menos. Ahora sabemos, desafortunadamente, que o bien no dijo la verdad, o bien fue incapaz de valorar las consecuencias de lo que aprobó.
Un mes después, el 27 de julio se aprueba con urgencia el famoso decreto, días antes de las vacaciones de agosto, sin consultar con nadie, error ya reconocido. En septiembre, algunos altos cargos reúnen a los jefes de servicio para decirles que los funcionarios tienen que pedir excedencia y se les hará un contrato laboral en la agencia correspondiente antes de fin de año. Naturalmente, ante tan insólita propuesta y con tantas prisas, la gente se sintió insegura y se asustó, porque el bien más valioso para el funcionario es la seguridad en el empleo. Así prendió la mecha de las movilizaciones y los recursos de los funcionarios de la Junta de Andalucía.
Todo el mundo participa: la gente corriente sin afiliación sindical, CSIF, Safja y Ustea (mayoritarios entre los afectados), USO, CGT, SAT, así como las "plataformas" que se crean en los centros de trabajo. Todos salen a la calle, también CC OO y UGT, que después descolgaron sus pancartas y siguen participando. Los silencios cómplices comienzan a convertirse en gritos de denuncia. Parece que sin darse cuenta, han generado un grave conflicto con sus propios funcionarios, aún sin atisbo de solución.
Según el decreto, para el funcionario es una decisión "voluntaria" pasar a la agencia. Ahora bien, cuando los poderosos, que además son sus jefes, hacen una propuesta a un trabajador para que ceda parte de sus derechos, es muy difícil rechazar porque le están poniendo entre la espada y la pared. Si no pide excedencia, como su puesto desaparece, queda a disposición del viceconsejero y lo pueden reubicar en otro de la misma localidad, hasta dos niveles inferiores, por lo que pierde la diferencia en el complemento específico (el 10% o el 15% de la nómina). Y si no tiene el grado consolidado también pierde la diferencia en el complemento de destino, otro pellizco. Además del traslado a otro puesto, con otras funciones, en otra sede y el bloqueo a la carrera profesional.
La otra opción es que los funcionarios que pidan excedencia y sean contratados como laborales -si alguno acepta, que lo dudamos- tendrán el mismo convenio colectivo, derechos y obligaciones que los contratados que vienen de las fundaciones, cuyo acceso, en muchos casos, ha sido por ser amigos o familiares de altos cargos. Tratar igual a aquellos que son desiguales es una injusticia que no podemos comprender.
Sin ninguna duda, la posibilidad de hacer estas propuestas a los funcionarios tiene que ser suprimida. Asimismo, para reducir la tensión actual y facilitar el diálogo, es urgente una moratoria en la aplicación del decreto ley 6/2010 hasta que no se llegue a un amplio acuerdo en el Parlamento de Andalucía. Las experiencias en otros países indican que no es posible reformar la Administración con resultados positivos, si no se cuenta con la estrecha colaboración entre los funcionarios y los políticos electos.
Más allá de las palabras tranquilizadoras, el nuevo modelo es un híbrido que consolida la confusión entre lo público y lo privado. Las agencias empresariales son un cóctel extraño con mucho derecho privado, unas pinceladas de derecho administrativo, funcionarios laboralizados, personal externo internalizado y unos cuantos altos funcionarios de las consejerías adscritos funcionalmente. Este cóctel debe eliminarse. Los compañeros externos saben el camino para entrar: las oposiciones.
Es un error considerar que el partido de la oposición ha llevado a cabo una "campaña de intoxicación" y "manipulado" a los funcionarios de la Junta. Aunque hubiere algún caso, es una simplificación errónea y un insulto a la inteligencia pensar que los 40.000 funcionarios que salieron a la calle el 13 de octubre han sido "manipulados". Son bastante heterogéneos, y muchos han sido, hasta ahora, votantes del partido del Gobierno, incluso destacados militantes.
En Andalucía, el Gobierno de la izquierda urge una renovación profunda contando con las personas, también con los funcionarios.
