Los funcionarios llevan tiempo denunciando que los entes de la administración paralela de la Junta de Andalucía funcionan como una «agencia de colocación» en la que cargos del PSOE y sus familiares directos encuentran acomodo laboral en plena escalada del paro. El Ayuntamiento de Camas, en Sevilla, parece darles la razón. El esperpéntico juego de alianzas políticas que ha marcado el mandato que ahora acaba, donde primero gobernó IU con apoyo del PP y, desde junio de 2009, el PSOE con el respaldo de dos tránsfugas populares, no se puede entender sin la colaboración necesaria de esa maraña de agencias, fundaciones y entes externos que, hasta su reciente reordenación, han conformado la administración paralela.
Uno de los ediles tránsfugas del PP, Eduardo Cabeza, entró a trabajar en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta sólo un mes y medio después de prestar su voto al candidato socialista, Rafael Recio, para hacerse con la vara de mando. La pareja del otro, Francisco Acedo, logró un empleo en otro órgano controlado por el PSOE un mes después de ser depuesto el regidor de IU. Pasó a estar contratada en la recepción de la sede de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe sevillano, en Castilleja de la Cuesta, según ha podido saber ABC.
(Ver noticia completa en ABC del 20/05/2011)
Blog de la Plataforma de Empleados Públicos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.
viernes, 20 de mayo de 2011
jueves, 19 de mayo de 2011
LAS CUENTAS CLARAS: INGRESOS Y GASTOS DE LAS ACTUACIONES DEL PROF. CLAVERO EN NUESTRA CONSEJERÍA
Ya se han cerrado las cuentas del profesor Clavero con los ingresos y gastos que hemos tenido en esta Plataforma. Hemos estado a la espera de lo que decidía la Delegación Provincial de Granada con el fin de que todo el mundo que quisiera ir con el Prof. Clavero estuviera representado con su aportación correspondiente, pero al final han decidido ir con la Asociación Al Andalus de Córdoba con destino al Gabinete Aguayo.
Nota: el ingreso de 6 euros llegó tarde cuando ya se había pagado nuestra parte a la PEPA y no sabemos a quien corresponde porque se ingresó directamente por la Caixa.
Nota: Se hizo el ingreso de 1.725 € porque en el momento del cierre de la cuenta puente de todas las Consejerías era la recaudación efectiva que existía de 115 aportaciones en ese momento. Como después han ido llegando otros ingresos, se ha prorrateado para que todo el mundo, en la proporción que le corresponde, sepa que ha contribuido a pagar los recursos contra las Agencias que va interponer el Prof. Clavero y que además existe un sobrante cuyo destino habrá que decidir en la próxima asamblea si devolvemos el sobrante a cada aportante o lo reservamos para otras actuaciones judiciales con Clavero, aunque parece que lo más lógico es dejarlo por si hubiera que ir a casación, en cuyo caso habría que pagar los gastos de la casación más la provisión de costas judiciales en caso de condena.
En cualquier caso cada uno tiene derecho a que se le devuelva la diferencia entre lo aportado y lo gastado hasta el momento:
Si sólo se ha contribuido al informe, la devolución es de 4 euros
Si sólo se ha contribuido a la impugnación de los estatutos, la devolución es de 5,61 euros, excepto para los que han contribuido con 20 euros, en cuyo caso la devolución es de 10,61 euros
Si se ha contribuido al informe (6 €) y a la impugnación de los estatutos (15 €) la devolución es de 9,61 euros.
Como en noviembre de 2011 se han devuelto a esta Plataforma 161 euros procedentes de la liquidación final del profesor Clavero sobre la impugnación de los estatutos, esta cantidad incrementa en 0,89 € la cantidad a devolver a cada aportante a la citada impugnación de tal forma que la devolución es la siguiente:
Si sólo se ha contribuido al informe, la devolución es de 4 euros
Si sólo se ha contribuido a la impugnación de los estatutos, la devolución es de 6,5 € (5,61 € + 0,89 €), excepto para los que han contribuido con 20 euros, en cuyo caso la devolución es de 11,5 € (10,61 € + 0,89 €).
Si se ha contribuido al informe (6 €) y a la impugnación de los estatutos (15 €) la devolución es de 10,5 € (9,61 € + 0,89 €).
En ningún caso, por imperativo legal, el dinero pude tener otro destino más que para el que fue recaudado. Si se le quiere dar otro destino cada uno tendrá que pedir lo que le corresponda del sobrante y que con ese dinero que haga lo que quiera.
INGRESOS DEL INFORME DEL PROF. CLAVERO:
Total ConserjeríaOO.PP yV (Martinez Barrios + Bogaris): 231 personas X 6 €: 1.386 €
Contribución al Informe de Clavero: 460 € correspondientes a 230 personas
Contribución por cada empleado público: 2 €
Sobrante: 920 € + 6 €
INGRESOS RECURSOS CONTRA LAS AGENCIAS DEL PROF. CLAVERO
MARTINEZ BARRIOS 118 pers. X 15 € = 1.770 €
BOGARIS: 50 pers. X 15 € = 750 €
CARTOGRAFÍA 20 pers. X 20 € = 200 €
TOTAL 188 personas = 2.720 €
Contribución a los recursos de Clavero: 1.725 € (por valor de 115 aportaciones)
Gastos por tres apoderamientos ante notario: 30 €
Contribución de cada empleado público de OO.PP: 9, 39 €
Sobrante de lo ingresado por los recursos: 965 €
En noviembre de 2011 se han ingresado 161 euros más procedentes de la liquidación defintiva con el profesor Claverode las cuentas de los recursos contra los Decretos de las Agencias, por lo tanto el sobrante de lo ingresado por los recursos es de 1.126 euros (965 + 161 euros).
En noviembre de 2011 se han ingresado 161 euros más procedentes de la liquidación defintiva con el profesor Claverode las cuentas de los recursos contra los Decretos de las Agencias, por lo tanto el sobrante de lo ingresado por los recursos es de 1.126 euros (965 + 161 euros).
Total sobrante recaudación del informe + recursos de las agencias: 1.891 € + 161 € = 2.052 €
En cualquier caso cada uno tiene derecho a que se le devuelva la diferencia entre lo aportado y lo gastado hasta el momento:
Si sólo se ha contribuido al informe, la devolución es de 4 euros
Si sólo se ha contribuido a la impugnación de los estatutos, la devolución es de 5,61 euros, excepto para los que han contribuido con 20 euros, en cuyo caso la devolución es de 10,61 euros
Si se ha contribuido al informe (6 €) y a la impugnación de los estatutos (15 €) la devolución es de 9,61 euros.
Como en noviembre de 2011 se han devuelto a esta Plataforma 161 euros procedentes de la liquidación final del profesor Clavero sobre la impugnación de los estatutos, esta cantidad incrementa en 0,89 € la cantidad a devolver a cada aportante a la citada impugnación de tal forma que la devolución es la siguiente:
Si sólo se ha contribuido al informe, la devolución es de 4 euros
Si sólo se ha contribuido a la impugnación de los estatutos, la devolución es de 6,5 € (5,61 € + 0,89 €), excepto para los que han contribuido con 20 euros, en cuyo caso la devolución es de 11,5 € (10,61 € + 0,89 €).
Si se ha contribuido al informe (6 €) y a la impugnación de los estatutos (15 €) la devolución es de 10,5 € (9,61 € + 0,89 €).
En ningún caso, por imperativo legal, el dinero pude tener otro destino más que para el que fue recaudado. Si se le quiere dar otro destino cada uno tendrá que pedir lo que le corresponda del sobrante y que con ese dinero que haga lo que quiera.
Finalmente informamos que tenemos depositados otros 546 euros de 91 compañeros de la Delegación de OO.PP y Vivienda de Sevilla correspondientes al ingreso de 6 euros de cada uno previstos para el informe del Prof. Clavero y que llegaron cuando el informe estaba ya pagado. Estamos a la espera que los compañeros de la Delegación nos comuniquen su destino final.
domingo, 15 de mayo de 2011
OTRA VEZ EN LAS CALLES CONTRA LA LEY 1/2011
ENTRE 15.000 Y 20.000 SEGÚN LOS CONVOCANTES
Varios miles de funcionarios se manifiestan en Sevilla en contra de la reordenación
SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Varios miles de funcionarios, entre 15.000 y 20.000 según los convocantes, se han manifestado este sábado por las calles de Sevilla en contra de la Ley de Reordenación del Sector Público, según han indicado a Europa Press fuentes de las plataformas de empleados públicos.
Así, la concentración convocada por CSIF, Ustea, LaPepa, Safja, y otros tantas plataformas y asociaciones sindicales, ha tenido lugar bajo "un intenso calor" y con colectivos y grupos llegados de las ocho provincias andaluzas.
Además, la movilización, que ha partido de la Plaza Nueva hasta llegar a la Plaza de España de la capital hispalense, recorriendo la avenida de la Constitución, la calle Almirante Lobo, paseo de Las Delicias, glorieta de los Marineros, avenida de María Luisa, glorieta del Cid y avenida Isabel La Católica, ha transcurrido sin incidencia.
Entretanto, las fuentes sindicales ha asegurado a Europa Press que "no es una protesta política", de forma que, "si coincide con las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, se trata sólo de pura coincidencia".
De esta manera, la presidenta del sector de administración general de la Junta de Andalucía de CSIF Andalucía, Alicia Martos, ha dicho que "no cejará en su defensa de los derechos de los Empleados Públicos hasta lograr la derogación, que es la única forma de reponer los derechos vulnerados en primer lugar a los funcionarios y en segundo lugar a la ciudadanía andaluza".
De esta forma, Martos ha indicado que CSIF "seguirá adelante en todos los frentes que tenemos abiertos. En la calle, en la Mesa General y en la Justicia, porque tenemos recurrida la Ley y los Estatutos de las nuevas Agencias Públicas que han salido de ella".
Concretamente, la manifestación ha sido convocada por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, la Asociación El Tercer Lado, la Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, además de por las organizaciones sindicales CSIF, USO-A, Ustea, Safja, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa), la Asociación Sindical Piensa Volens y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
Los empleados públicos piden la derogación de la Ley de Reordenación del sector público y han dejado claro que esta nueva movilización, a pesar de que coincide con las elecciones municipales del 22 de mayo, "no es nada político", de forma que "si coincide con las elecciones municipales, es pura coincidencia y porque los estatutos y protocolos de integración de las nuevas agencias que contempla esta reordenación se han aprobado en estas fechas".
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
ABC
http://www.abcdesevilla.es/
Ver video y fotos en enlace.
EL MUNDO
http://www.elmundo.es/elmundo/
http://www.elmundo.es/elmundo/
DIARIO DE SEVILLA
http://www.diariodesevilla.es/
DIARIO DE CORDOBA
http://www.diariocordoba.com/
LA RAZON
http://www.larazon.es/noticia/
OTRA VEZ EN LAS CALLES CONTRA LA LEY 1/2011
ElConfidencial.com
MANIFESTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ANDALUCES
Unos 10.000 funcionarios vuelven a protestar contra el ‘decretazo’ Griñán
España | @Agustín Rivera. Málaga.- 14/05/2011 (14:39h)
Unas 10.000 personas, según fuentes sindicales, volvieron a protestar este sábado en el centro de Sevilla contra el decretazo Griñán, también conocido como el decreto del enchufismo de la Junta de Andalucía. “Se demuestra que no decae la oposición frontal contra la Ley de Reordenación del sector público”, apunta a El Confidencial Alicia Martos, portavoz del sindicato CSIF.
“El decreto es un atentado al empleado público y también a los ciudadanos”, resaltó Martos, tras recordar que la movilización en la calle “se sigue demostrando eficaz para que no nos pisen nuestros derechos”. El 22 de enero ya convocaron una macromanifestación en la capital andaluza a la que acudieron 40.000 personas.
Los empleados públicos piden la derogación de la Ley de Reordenación del sector público y han dejado claro que esta nueva movilización, a pesar de que coincide con las elecciones municipales del 22 de mayo, "no es nada político", de forma que "si coincide con las elecciones municipales, es pura coincidencia y porque los estatutos y protocolos de integración de las nuevas agencias que contempla esta reordenación se han aprobado en estas fechas".
Los funcionarios andaluces están a la espera del recurso del abogadoManuel Clavero Arévalo, ex ministro de la UCD, para paralizar el ‘decretazo Griñán’ aprobado el pasado mes de febrero en el Parlamento de Andalucía. La misión de Clavero Arévalo, a instancias del colectivo PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía), es la de recurrir el desarrollo de la ley y no apelar al Tribunal Constitucional por la lentitud del proceso.
La Junta de Andalucía prevé un ahorro de 118 millones de euros y la inmediata creación de diez agencias públicas. No obstante, si un funcionario se traslada a alguno de estos nuevos organismos podría perder sus derechos, según el colectivo de empleados públicos de Andalucía.
La manifestación está convocada por la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, la Asociación El Tercer Lado, la Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, además de por las organizaciones sindicales CSIF, USO-A, Ustea, Safja, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa), la Asociación Sindical Piensa Volens y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
sábado, 14 de mayo de 2011
CHAMIZO: DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO O EL ARTE DE SOBREVIVIR NO COMPLICÁNDOSE LA VIDA
Delega en el defensor estatal la posible impugnación
Día 12/05/2011 - 00.36h
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha remitido un escrito a la Defensora del Pueblo Estatal en funciones, María Luisa Cava de Llano, en el que le ofrece la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación de la Administración de la Junta, medida que sin embargo no apoya la institución andaluza pese al requerimiento expreso que le hizo la Plataforma de Empleados Públicos.
De esta forma, el Defensor del Pueblo Andaluz se desmarca del movimiento de protestas que durante los últimos meses ha venido protagonizando gran parte de los funcionarios de la Junta, y traslada a la institución estatal la decisión de la hipotética impugnación.
Fue el pasado 14 de abril, tras mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Empleados Públicos, cuando Chamizo envió al Defensor Estatal la petición para que presentara el recurso de inconstitucional (como informó ABC), aunque «quedando a salvo el análisis posterior que procedía acometer sobre las pretensiones de la Plataforma».
Chamizo recuerda que meses atrás, cuando todavía la Ley no se había aprobado y la reordenación se estaba impulsado con formato de decreto, la Oficina del Defensor del Pueblo yase pronunció y consideró (tras oír a la Junta de Coordinación) que no procedía recurrir ante el Constitucional. Ahora vuelve a repetirse la historia, y del análisis jurídico realizado, se concluye que «La Ley de Reordenación del sector público se enmarca en el ámbito constitucional y estatutario de las competencias de autoorganización de las instituciones, entidades y órganos administrativos de la Administración Autonómica, cuya competencia corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma».
Así, y al margen del «criterio que adopte» el Defensor Estatal, Chamizo destaca que una vez oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, se acuerda de nuevo «no instar la formulación del recurso de inconstitucionalidad». La Plataforma contaba como principal baza un dictamen del profesor Manuel Clavero donde este experto en Derecho Administrativo apreciaba que la parte fundamental la Ley podría ser inconstitucional.
CLAVERO PRESENTA EL PRIMERO DE LOS RECURSOS CONTRA LAS AGENCIAS
CLAVERO LLEVA AL TSJA UN RECURSO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Clavero presentó este recurso "en nombre de todos los empleados públicos" -recalcaron fuentes de la PEPA-, para lo cual fue apoderado por 31 trabajadores. "Será el primero de una serie de recursos contra todos y cada uno de los decretos por los que fueron aprobadas las diferentes agencias creadas en el seno de la reordenación del sector", señaló un portavoz de la PEPA. La plataforma recordó que Clavero ya se pronunció, en un informe encargado a su despacho por la propia organización, sobre la "inconstitucionalidad" de la ley. .....
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/973895/clavero/lleva/tsja/recurso/los/empleados/publicos.html
lunes, 9 de mayo de 2011
Otro éxito de l@s emplead@s públicos. Ya hemos completado el importe para nuestra defensa jurídica con Clavero Arévalo
Al momento del cierre son much@s los que desde Málaga, Huelva y otras provincias así como de otros centros de trabajo en Sevilla han trasladado el interés por contribuir en este frente común.
Son muchas las formas de hacerlo y será cada Asamblea la que decida cómo; con la firma de apoyo a l@s apoderados, destinando lo recaudado a apoyar a la defensa jurídica iniciada desde Córdoba, aminorando el esfuerzo de los y las que entraron antes del periodo de cierre o simplemente manteniendo una caja de resistencia para que aquell@s que nos agreden sepan que contaremos con recursos en el futuro para las batallas que estén por venir.
Este nuevo frente de l@s emplead@s públicos contra el proceso de reordenación nos pertenece a tod@s y ninguno, haber logrado los recursos económicos para Clavero es un éxito colectivo que nos corresponde a tod@s los y las emplead@s públicos, cada uno con su granito de arena, ya sea un euro ingresado, cada mail enviado, cada post en un blog, cada pitido y grito en una manifestación ....
simplemente JUNT@S PODEMOS!
A continuación y en aras de la transparencia se detallan las cantidades que corresponden a cada centro y provincia que entró en el recuento en función del número de aportantes.
Los remanentes sobrantes de las recaudaciones de cada centro (incluyendo aquellos que han manifestado su interés tras el viernes a las 12.00h) deberán ser gestionados por la Plataforma correspondiente y serán las personas que ha aportando las que deberán decidir su futuro destino (apoyo a Córdoba, caja de resistencia, carteles, camisetas, reingresos...).
El martes a las 11.00h se efectuará el ingreso contra justificante al Dr. Clavero Arévalo, dejando la cuenta puente a 0 € y procediendo a su cierre.
CENTRO O PLATAFORMA | Nº de personas Que han aportado para los estatutos | Cantidad correspondiente para el pago de los estatutos con Clavero (nº de personas x 15 €) | |||||
Sevilla - Cultura | 108 | 1.620 € | |||||
Sevilla - D.P. Medio Ambiente | 51 | 765 € | |||||
Sevilla - Obras Públicas | 115 | 1.725 € | |||||
Sevilla - Salud (SS.CC + D.P+SAS.) | 196 | 2.940 € | |||||
Sevilla - Agricultura + Varios Gestionados por Plataforma de Agricultura *1 | 438 | 6.570 € | |||||
Sevilla - CEIC | 162 | 2.430 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 736 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 1.694 € (2.430 – 736) | ||||
Sevilla - Agua | 46 | 690 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 395 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 295 € (690 – 395 ) | ||||
Sevilla - Torretriana + varios gestionados por esta plataforma *2 | 518 | 7.770 € | Depositó en la cuenta puente su sobrante de 2.713 € de la 1ª recaudación para poder adelantar el pago del informe. Debe ingresar 5.057 € (7.770 – 2.713) | ||||
Sevilla - IAJ | 10 | 150 € | |||||
Sevilla - SS.CC Igualdad | 110 | 1650 € | |||||
Sevilla - D.P Igualdad + varios gestionados por esta Delegación *3 | 188 | 2.820 € | |||||
Cadiz | 300 | 4500 € | |||||
Huelva | 342 | 5.130 € | |||||
Almeria | 216 | 3.240 € | Han ingresado 20 € por persona, por lo que tienen un sobrante de 1.080 €. Han comunicado que se proceda al traspaso a Córdoba cuando se cierren las cuentas | ||||
TOTAL | 2.800 | 42.000 € | |||||
*1_ Se han sumado a esta plataforma personas de SS.CC Medio Ambiente, Presidencia, Consejería de Educación, Agua-casa rosa, DP Jaén, Agencia de la Competencia-economía.
*3_se gestionan a través de esta plataforma el IAM y Gobernación
*2_ Se han sumado a esta D.P. personas de Plataforma de la Enseñanza Pública de Andalucía
domingo, 8 de mayo de 2011
CLAVERO COMENTA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TC SOBRE EL GUADALQUIVIR
La ejecución de la sentencia sobre el Guadalquivir
MANUEL CLAVERO ARÉVALO | ACTUALIZADO 08.05.2011 - 01:00
SABIDO es que la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de mayo de 2011 estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Extremadura contra diversos artículos del reciente Estatuto de Autonomía de Andalucía y declaró nulo el artículo 51 del Estatuto, bajo el título de Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que establecía que "la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución".
La sentencia del Tribunal Constitucional declara nulo, y por tanto inconstitucional, el transcrito artículo 51 del Estatuto y el fundamento para ello radica en la vulneración del artículo 122 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado de los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, como es el caso de la cuenca del Guadalquivir, cuyas aguas, aunque en mínima parte, discurren por las comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se trata de una sentencia que por su naturaleza es simplemente declarativa de nulidad, sin que imponga expresamente obligaciones de hacer, pero no cabe duda que la declaración de nulidad, por inconstitucional, de una sentencia del Tribunal Constitucional, obliga a reparar lo que se haya efectuado en contra de la inconstitucionalidad declarada.
Hay que recordar que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha ejecutado en buena parte, y que por real decreto que ha sido recurrido se han transferido a Andalucía buena parte de las competencias, personal, bienes, etcétera. de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se ha creado la Agencia Andaluza del Agua y que en la reciente reordenación del sector publico andaluz, efectuado por la Ley 1/2011, se ha creado la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
No es fácil la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque son muchos los actos dictados por la nueva organización (concesiones, autorizaciones, sanciones, etcétera). Quizás por ello el Gobierno de España ha acordado con el de Andalucía una encomienda de gestión temporal del Guadalquivir, para aclarar todo lo relativo a la ejecución de la sentencia, pero esta situación, aunque prorrogable, no puede ser indefinida.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no contiene un título dedicado a la ejecución de las sentencias de dicho Tribunal, algo distinto a lo que ocurre en otras jurisdicciones, en las que la ley que las regula (enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, ley de la jurisdicción contencioso-administrativa...) contienen importantes preceptos sobre la forma de ejecutar sus respectivas sentencias. Ello no puede conducir de manera alguna a la conclusión de que las sentencias del Tribunal Constitucional no se ejecutan. Por el contrario, el Tribunal Constitucional puede disponer en la sentencia o en resoluciones posteriores quién ha de ejecutarla.
La Ley Orgánica 6/2007, de modificación de la 2/1979 del Tribunal Constitucional, ha añadido un párrafo que atribuye al Tribunal Constitucional la facultad de declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. Quiere ello decir que el Tribunal Constitucional está expresamente facultado para declarar la nulidad de las resoluciones contrarias a las sentencias y resoluciones dictadas por dicho Tribunal, cuando algún órgano judicial o administrativo dictan actos o disposiciones contrarios a lo resuelto por el alto Tribunal.
Recientemente el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado que Andalucía no merecía el trato que ha recibido del Tribunal Constitucional al anular la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, ya que no se nos ha respetado y se nos ha tratado de manera desigual en relación con Cataluña. No parece que se refiera a una discriminación hidrológica, sino a un trato muy beneficioso, en general, para el Estatuto de Cataluña, pero ello no nos puede llevar a creer que el artículo 51 del Estatuto de Andalucía era constitucional a pesar de los matices que le introdujo el Consejo Consultivo.
Por lo dicho creo que, como ha dicho recientemente el académico Pérez Marín, la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional exige volver a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con todas las consecuencias.
La sentencia del Tribunal Constitucional declara nulo, y por tanto inconstitucional, el transcrito artículo 51 del Estatuto y el fundamento para ello radica en la vulneración del artículo 122 de la Constitución, que establece la competencia exclusiva del Estado de los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, como es el caso de la cuenca del Guadalquivir, cuyas aguas, aunque en mínima parte, discurren por las comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se trata de una sentencia que por su naturaleza es simplemente declarativa de nulidad, sin que imponga expresamente obligaciones de hacer, pero no cabe duda que la declaración de nulidad, por inconstitucional, de una sentencia del Tribunal Constitucional, obliga a reparar lo que se haya efectuado en contra de la inconstitucionalidad declarada.
Hay que recordar que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha ejecutado en buena parte, y que por real decreto que ha sido recurrido se han transferido a Andalucía buena parte de las competencias, personal, bienes, etcétera. de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que se ha creado la Agencia Andaluza del Agua y que en la reciente reordenación del sector publico andaluz, efectuado por la Ley 1/2011, se ha creado la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
No es fácil la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque son muchos los actos dictados por la nueva organización (concesiones, autorizaciones, sanciones, etcétera). Quizás por ello el Gobierno de España ha acordado con el de Andalucía una encomienda de gestión temporal del Guadalquivir, para aclarar todo lo relativo a la ejecución de la sentencia, pero esta situación, aunque prorrogable, no puede ser indefinida.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no contiene un título dedicado a la ejecución de las sentencias de dicho Tribunal, algo distinto a lo que ocurre en otras jurisdicciones, en las que la ley que las regula (enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, ley de la jurisdicción contencioso-administrativa...) contienen importantes preceptos sobre la forma de ejecutar sus respectivas sentencias. Ello no puede conducir de manera alguna a la conclusión de que las sentencias del Tribunal Constitucional no se ejecutan. Por el contrario, el Tribunal Constitucional puede disponer en la sentencia o en resoluciones posteriores quién ha de ejecutarla.
La Ley Orgánica 6/2007, de modificación de la 2/1979 del Tribunal Constitucional, ha añadido un párrafo que atribuye al Tribunal Constitucional la facultad de declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. Quiere ello decir que el Tribunal Constitucional está expresamente facultado para declarar la nulidad de las resoluciones contrarias a las sentencias y resoluciones dictadas por dicho Tribunal, cuando algún órgano judicial o administrativo dictan actos o disposiciones contrarios a lo resuelto por el alto Tribunal.
Recientemente el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha declarado que Andalucía no merecía el trato que ha recibido del Tribunal Constitucional al anular la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, ya que no se nos ha respetado y se nos ha tratado de manera desigual en relación con Cataluña. No parece que se refiera a una discriminación hidrológica, sino a un trato muy beneficioso, en general, para el Estatuto de Cataluña, pero ello no nos puede llevar a creer que el artículo 51 del Estatuto de Andalucía era constitucional a pesar de los matices que le introdujo el Consejo Consultivo.
Por lo dicho creo que, como ha dicho recientemente el académico Pérez Marín, la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional exige volver a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con todas las consecuencias.
jueves, 5 de mayo de 2011
PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL EN AGENCIAS Y S.A.E.
Y para rematar un fin de semana movidito, en el BOJA núm. 84, del sábado pasado (30 de abril), se da publicidad a las diversas resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por las que se aprueban los Protocolos de Integración de Personal en diversos organismos.
Así ocurre en los casos siguientes:
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Servicio Andaluz de Empleo
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Para más información:
ESTATUTOS DE LAS AGENCIAS EN BOJA
ESTATUTOS DE LAS AGENCIAS
En BOJA del viernes pasado, día 29 de abril, num. 83, además de la modificación de la RPT de diversas Consejerías, aparecen publicados los decretos que aprueban los estatutos de diversas agencias.
Éstas son:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Servicio Andaluz de Empleo
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Para más información:http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/83/index.html
CONVOCATORIA MANIFESTACION SEVILLA. Día 14 de Mayo.
RECORRIDO
CONVOCAN:
Las siguientes plataformas, asociaciones y organizaciones sindicales:
Plataformas y Asociaciones:
Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA)
Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía Asociación
El Tercer Lado
Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública
Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía
Organizaciones Sindicales:
Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSI-F)
Confederación General del Trabajo-Andalucía (CGT-Andalucía)
Unión Sindical Obrera-Andalucía (USO-Andalucía)
Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA)
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA)
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA)
Asociación Sindical PIENSA VOLENS
Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)
El próximo sábado 14 de mayo a las 12 horas, nueva manifestación en Sevilla, de carácter autonómico, convocando a todos los empleados públicos y opositores de la Junta de Andalucía, así como a la ciudadanía andaluza, en protesta por la promulgación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público en Andalucía, también conocida como “Ley del Funcionarizo”, así como por la aprobación de los Decretos de Creación de 8 Agencias por el Consejo de Gobierno, el pasado 19 de abril (martes santo), nuevamente con alevosía y en periodo vacacional, tal y como ocurrió con el Decreto 5/2010.
La manifestación transcurrirá desde la Plaza Nueva, pasará por la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y finalizará en la Plaza de España.
Esta convocatoria es fruto del acuerdo adoptado en la reunión de empleados públicos andaluces, celebrada en Antequera del pasado 16 de marzo, y a ella concurrirán, además de las Plataformas y Asociaciones de Empleados Públicos, Opositores y Funcionarios, las organizaciones sindicales más representantivas del Sector Público Andaluz en todos sus ámbitos y que no han actuado en connivencia con la Junta de Andalucía, para consumar la aprobación de una ley, a todas luces, inconstitucional.
Sobre la citada inconstitucionalidad de la Ley se ha pronunciado el reconocido jurista Profesor D. Manuel Clavero Arévalo, en el informe emitido a petición de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía y que ha sido presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo de la Rubia, para su remisión a Dña. Mª Luisa Cava de Llano y Carrió que, en la actualidad, ostenta -en funciones- el cargo de Defensora del Pueblo Español, a fin de que interponga, como uno de los órganos legitimados para ello, recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
CARTEL MANIFESTACION 14 DE MAYO
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