Debemos recordar que el Defensor del Pueblo Andaluz no está legitimado por la Constitución para interponer el citado recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, el Defensor del Pueblo del Estado sí lo está, de ahí esta iniciativa.
En este sentido, insistimos que con esta Ley se benefician los afectos al Cortijo, mientras que perjudica gravemente a los ciudadanos andaluces de una doble manera. En primer lugar, privatizando las potestades administrativas y dejando sus derechos frente a la Administración sin garantías de objetividad e imparcialidad. Y en segundo lugar, apartándoles de la posibilidad de acceder a un empleo en la Administración Pública andaluza, que se ha convertido en una "rueda de la fortuna" para unos pocos instalados que no tienen que preocuparse de su futuro, al contrario de lo que le ocurre a la mayoría de los andaluces.
Posteriormente a la presentación del informe, se dará una rueda de prensa, en la que estaremos deseosos de informar que José Chamizo ha sido receptivo al clamor popular por la derogación de esta Ley en beneficio de la justicia y de la igualdad.
Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía
