La Junta encargó su investigación de los ERE a técnicos ascendidos «a dedo»
El consejero de Empleo entrega más papeles a Alaya después del ultimátum de 48 horas de la jueza
La misión estaba clasificada de alto secreto y el consejero de Empleo, Manuel Recio, no quiso correr riesgos. Delegó la investigación interna que ha sacado a la luz 72 «intrusos» y 111 irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) a un grupo de funcionarios de su total confianza. Según informaron a ABC fuentes sindicales de su Consejería, el peso de la información reservada emprendida hace casi dos meses ha recaído en una comisión investigadora compuesta por al menos siete jefes de servicio y de gabinete de la Consejería Empleo. Es decir, quienes se han encargado de revisar uno a uno los 68 ERE en vigor son funcionarios que previamente fueron promocionados de manera discrecional a puestos de responsabilidad por parte de altos cargos de la Consejería.
La investigación se cerró en falso el pasado miércoles, pues cuando Recio hizo públicos los resultados a través de Facebook aún había lagunas documentales. Por este motivo la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dio un plazo de 48 horas (que vence hoy) para que el Gobierno andaluz, que ha presumido de colaborar con la justicia, le envíe todos los informes que faltan y que están plagados de contradicciones. En concreto, la magistrada detectó a más personas beneficiarias de fondos sin haber trabajado nunca en empresas donde se prejubilaron, como Surcolor, Saldauto e Hytemasa. Era la tercera vez en un mes que daba un toque de atención a la Junta por su «falta de colaboración» en este caso, cuyas pesquisas ha ido facilitando el consejero por entregas, a medida que se revisaban expedientes.
La investigación se inició a raíz de que el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero destapara la existencia de un «fondo de reptiles» ligado a las ayudas autonómicas a la reestructuración de empresas en crisis. Además de los funcionarios ascendidos «a dedo», en este trabajo titánico —se han remitido a la jueza nada menos que 55.631 folios correspondientes a ERE— ha podido tomar parte personal externo de organismos y agencias de la Administración autonómica. Además, según indicaron las mismas fuentes, varios funcionarios (sin puestos de responsabilidad) de la Dirección General de Trabajo —donde mandaba Guerrero entre 1999 y 2008— tenían reservada una labor más autómata: ordenar cronológicamente los expedientes que luego estudiaba la comisión investigadora.
Después de tres requerimientos de la juez a la Junta para que enviara los papeles, a la tercera fue la vencida. Al menos, eso se desprendió ayer de las palabras del consejero, quien aseguró en Córdoba a los periodistas que «una vez que se ha concluido la investigación, esta mañana (por ayer) hemos remitido toda la documentación a la jueza». De esta forma, el consejero de Empleo reconocía implícitamente la falta de información de la que se quejaba Mercedes Ayala con la que dice «compartir totalmente tanto el objetivo de sacar toda la verdad a la luz como la rapidez que se le quiere imprimir a este proceso». «Estamos hablando de todos los ERE vivos que estaban en la Junta en los últimos diez años. Yo ofrezco máxima transparencia y colaboración», añadió un día después de que la magistrada le diera un ultimátum para entregar los documentos.
Preguntado sobre si ésta conocía que la documentación se iba aportando por partes, Recio indicó que «yo creo que sí lo sabía ya que en los contactos que hemos mantenido hemos recalcado que nuestra estrategia no era dejar nada para después, sino ir entregando documentación, segun íbamos finalizando la investigación».
Preguntado sobre si ésta conocía que la documentación se iba aportando por partes, Recio indicó que «yo creo que sí lo sabía ya que en los contactos que hemos mantenido hemos recalcado que nuestra estrategia no era dejar nada para después, sino ir entregando documentación, segun íbamos finalizando la investigación».
El titular de Empleo restó hierro al retraso y a las diferencias en el número de ERE fraudulentos. Sobre lo primero, esgrimió que «le trasladamos parcialmente la primera parte que teníamos revisada y ahora, como la investigación ya ha finalizado, ya va el total de la información». Acerca del baile de cifras en los «intrusos», alegó que cuando Alaya estudie el amplio dossier «llegará a las mismas conclusiones que la Junta», según informa A. G.
Autocrítica de Chaves
La seria advertencia de la magistrada hizo ayer que hasta el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, rompiera su silencio sobre este asunto para aclarar que «se subsanarán inmediatamente» las lagunas documentales. Desde Chiclana, donde acudió a inaugurar la nueva Casa Consistorial, quiso aclarar que «si en algún caso ha comprobado falta de colaboración, lo subsanaremos». El contrapunto crítico lo puso su antecesor en el cargo y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, quien reconoció que «es posible que haya habido errores o retrasos» en el envío de los informes por parte del Ejecutivo andaluz.
