La Plataforma de Empleados Públicos, que encargó el dictamen al jurista Manuel Clavero, pedirá al TSJA la suspensión cautelar de las agencias creadas por la Junta
M. B. / SEVILLA | Actualizado 08.04.2011 - 05:04
Un informe "demoledor" contra una norma que se sustenta en "auténticos engendros jurídicos" revela que la polémica Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público -bautizada por sus detractores como el funcionariazo- atenta contra algunos artículos de la Constitución. Las expresiones entrecomilladas son de la Plataforma de los Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y el informe ha sido elaborado por el bufete del jurista Manuel Clavero Arévalo por encargo de dicha organización. Las conclusiones del dictamen fueron hechas públicas ayer por portavoces de la PEPA.
Sobre ellas se basará precisamente esta organización, una de las más beligerantes contra la reforma del sector, para emprender los trámites que desemboquen en la suspensión cautelar, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de los estatutos de las agencias públicas creadas por la Junta al amparo de esa ley. Precisamente son estas agencias, a juicio de los empleados públicos, las que se cobijan bajo esos "auténticos engendros jurídicos", denunció Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA.
Las conclusiones del informe elaborado por el equipo de Clavero descubre violaciones de hasta cinco artículos de la Constitución y agresiones al Estatuto Básico del Empleado Público. El dictamen será el banderín de enganche con el que los empleados públicos, con la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, llevarán el decretazo hasta el Tribunal Constitucional de mano del Defensor del Pueblo estatal, competente para promover el recurso ante el TC. Mientras tanto, optan como primer paso por la suspensión cautelar de las agencias.
Honorato hizo hincapié en que el estudio de Clavero deja en evidencia la borrascosa naturaleza jurídica de la nueva norma, al generar confusión sobre el régimen de las agencias. "¿Derecho público o derecho privado?", se preguntó la portavoz de la plataforma. En su opinión, esta situación provocará la "indefensión de los ciudadanos", al tiempo que "atenta" contra el principio de seguridad jurídica.
La portavoz de la plataforma abundó en que el informe viene a dar la razón al "modelo de servicio público que siempre hemos defendido y que no sólo atenta contra los derechos de los funcionarios y empleados públicos, sino contra los ciudadanos, y esto es lo más grave, ya que vulneran los principios constitucionales de seguridad jurídica y de imparcialidad y objetividad de las administraciones públicas".
El informe de Clavero destaca precisamente el papel primordial de los funcionarios en el desempeño de la función pública, al señalar que varios puntos de la reordenación emprendida por el Gobierno de José Antonio Griñán atentan contra el acceso con garantías a dicha función pública, su actividad y sus funciones, que "ha de ser completa y no limitarse a la mera firma de expedientes". Esa reforma hace aguas, además, según el dictamen, cuando pretende otorgar potestades administrativas a entes empresariales como son las agencias.
En paralelo a las actuaciones de índole jurídica que emprenda, la PEPA continuará con las movilizaciones en ciudades contra la reforma de la Junta.
Sobre ellas se basará precisamente esta organización, una de las más beligerantes contra la reforma del sector, para emprender los trámites que desemboquen en la suspensión cautelar, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de los estatutos de las agencias públicas creadas por la Junta al amparo de esa ley. Precisamente son estas agencias, a juicio de los empleados públicos, las que se cobijan bajo esos "auténticos engendros jurídicos", denunció Auxiliadora Honorato, portavoz de la PEPA.
Las conclusiones del informe elaborado por el equipo de Clavero descubre violaciones de hasta cinco artículos de la Constitución y agresiones al Estatuto Básico del Empleado Público. El dictamen será el banderín de enganche con el que los empleados públicos, con la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, llevarán el decretazo hasta el Tribunal Constitucional de mano del Defensor del Pueblo estatal, competente para promover el recurso ante el TC. Mientras tanto, optan como primer paso por la suspensión cautelar de las agencias.
Honorato hizo hincapié en que el estudio de Clavero deja en evidencia la borrascosa naturaleza jurídica de la nueva norma, al generar confusión sobre el régimen de las agencias. "¿Derecho público o derecho privado?", se preguntó la portavoz de la plataforma. En su opinión, esta situación provocará la "indefensión de los ciudadanos", al tiempo que "atenta" contra el principio de seguridad jurídica.
La portavoz de la plataforma abundó en que el informe viene a dar la razón al "modelo de servicio público que siempre hemos defendido y que no sólo atenta contra los derechos de los funcionarios y empleados públicos, sino contra los ciudadanos, y esto es lo más grave, ya que vulneran los principios constitucionales de seguridad jurídica y de imparcialidad y objetividad de las administraciones públicas".
El informe de Clavero destaca precisamente el papel primordial de los funcionarios en el desempeño de la función pública, al señalar que varios puntos de la reordenación emprendida por el Gobierno de José Antonio Griñán atentan contra el acceso con garantías a dicha función pública, su actividad y sus funciones, que "ha de ser completa y no limitarse a la mera firma de expedientes". Esa reforma hace aguas, además, según el dictamen, cuando pretende otorgar potestades administrativas a entes empresariales como son las agencias.
En paralelo a las actuaciones de índole jurídica que emprenda, la PEPA continuará con las movilizaciones en ciudades contra la reforma de la Junta.
