Los funcionarios consideran «demoledor» el informe del experto en Derecho Administrativo.
Suspensión cautelar. Los empleados públicos impugnarán por la vía judicial el nuevo modelo de Administración que impulsa la Junta
La Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía ha calificado de «demoledor» el dictamen del profesor Manuel Clavero, catedrático de Derecho Administrativo, sobre la normativa de la Junta para la reordenación del sector público, conocida como «funcionariazo» o «ley del enchufismo». El informe, elaborado a petición del citado colectivo, considera inconstitucionales cinco artículos de la Ley, precisamente los pilares sobre los que se sustenta el nuevo modelo que se pretende implantar.
Representantes de la Plataforma comparecieron ayer en rueda de prensa para dar a conocer las conclusiones del dictamen. El experto en Derecho Administrativo entiende que la ley «quiebra» las garantías de los ciudadanos a la hora de recibir los servicios de la Administración con objetividad e imparcialidad, lo que podría derivar en una «indefensión».
Así, se vulneran los artículos 103.3 y 149.1.18 de la constitución en la medida que nuestra Carta Magna subraya que la actividad de las administraciones públicas sea desempeñada, como regla de carácter general, mediante un sistema estatutario ejercido por funcionarios públicos, dejando para el personal laboral funciones excepcionales de apoyo relacionadas con oficios diversos. Con el nuevo modelo, entiende Clavero, la Junta da preferencia al personal laboral y a la aplicación del Derecho Privado.
Según Auxiliadora Honorata, de la citada Plataforma y presente en la rueda de prensa, el caso de los ERE fraudulentos posiblemente se produjo por una falta de control a consecuencia de la «huida» del Derecho Administrativo.
Desigualdad
Abundando en uno de los principales motivos de rechazo de la ley por parte de los empleados públicos, la integración en agencias de los funcionarios y del personal proveniente de entes instrumentales, Manuel Clavero expone: En ese proceso se plantea la duda de si todos los integrados han de tener el mismo título para que no exista desigualdad con el fin de respetar lo establecido en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público, dado que los requisitos de ingreso han sido diferentes para unos y otros.
Otro apartado de la Ley considerado inconstitucional es el relacionado con la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad autónoma. Con la Ley, la Junta presuntamente transgrede la competencia exclusiva del Estado en lo que concierne al modelo de la Administración.
E igualmente, podría vulnerarse el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución, y da la razón a la Plataforma, que ha calificado a las futuras agencias administrativaa como «auténticos engendros jurídicos» en los que «los ciudadanos —significó Honorata— carecen de seguridad porque desconocen ante qué régimen jurídico se encuentran, y no hay ningún tipo de garantía».
El primer paso que tiene previsto dar la Plataforma es acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que a su vez traslade al Defensor del Pueblo Español, teniendo como referencia el dictamen, la petición de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley.
Al mismo tiempo y ante la inminente aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de los Estatutos de las nuevas agencias, la idea es presentar impugnaciones de los decretos que ampararán estar normativas ante el TSJA, así como la solicitud de una cuestión de inconstitucionalidad con el previsible asesoramiento del profesor Clavero. En ambos procedimientos se solicitaría la suspensión cautelar de la entrada en vigor de las nuevas normas. Y al mismo tiempo, no cesarán las movilizaciones en la calle.
Los miembros de la Plataforma agradecieron la «abrumadora» participación de los empleados públcos de toda Andalucía en las aportaciones económicas para pagar los honorarios del profesor Manuel Clavero.
